Parques Nacionales recuperó un terreno usurpado por mapuches

La Administración de Parques Nacionales recuperó esta mañana la seccional El Maitenal, ubicada en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, que desde 2020 estaba ocupada por el grupo mapuche Lof Paillako. Además, se restituyeron otros espacios públicos que habían sido tomados en años recientes.

“Acabamos de recuperar la seccional El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces que Cruz Cárdenas y su séquito autoproclamado mapuche usurpaban desde 2020. Continúa el operativo. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, publicó en su cuenta de X el director de parques nacionales, Cristian Larsen. 

  
El desalojo de la comunidad que usurpaba el terreno al mando de Cruz Cárdenas fue ordenado por el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, quien interviene en la causa por tratarse de un parque nacional cuyas tierras son federales. Por otro lado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó que el predio fue desalojado por las fuerzas federales manera pacífica y cuestionó a los ocupantes ilegales, de quienes dijo se “autoperciben originarios”.

El Ministerio de Seguridad desplegó más de 100 efectivos, incluidos grupos antitumulto de la Policía Federal Argentina. Sin embargo, al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que no había ocupantes presentes ya que habían sido desocupadas antes de que ingresen las fuerzas de seguridad. Guardaparques retiraron símbolos mapuches y volvieron a izar la bandera argentina en la seccional.

En agosto pasado, el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, fue quien ordenó la expulsión de los líderes del grupo, Ernesto Cruz Cárdenas y su pareja María Belén Salinas junto a los demás integrantes de esa comunidad. El plazo otorgado por Otranto para abandonar las tierras de forma voluntaria venció este jueves.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene previsto arribar a la zona para supervisar el desarrollo del proceso. El operativo marca un precedente en la recuperación de terrenos públicos, luego de la derogación de la Ley 26.160, en el marco de conflictos territoriales con comunidades que alegan pertenecer a pueblos originarios.