Se trata de 203 casos que podrían haber costado al Estado $166 millones. "Las anomalías identificadas exponen una práctica sistemática de presentación de documentación falsa y certificados médicos apócrifos", indicó el Ministerio.
También se desplomaron las horas efectivamente trabajadas entre los registrados y al mismo tiempo aumentó el tiempo trabajado entre los informales, según informó el Indec.