Privatización del Belgrano Cargas: datos claves

El Gobierno nacional inició el proceso de privatización de Trenes Argentinos Cargas, la empresa pública conocida como Belgrano Cargas y Logística SA., que fue incluida en el listado de empresas a privatizar en la Ley Bases. 

Belgrano Cargas administra el transporte de cargas de las 3 líneas: Belgrano, San Martín y Urquiza, y controla el 37% del mercado de transporte de cargas por ferrocarril. El resto está administrado por empresas privadas.
La empresa cuenta con 4.442 empleados y en 2023 tuvo un déficit operativo de $ 65.057 millones.

Según el anunció el Gobierno, se concesionarán los ramales, pero los rieles y las tierras seguirán siendo del Estado. El comunicado señala que la empresa “opera 7.600 km de vías que ahora serán concesionadas a privados, manteniendo rieles y tierras como propiedad del Estado Nacional”. Además, aclara que el proceso de privatización “será liderado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación”.

El comunicado concluye: “Su privatización tiene por objetivo eficientizar la competitividad del transporte ferroviario de cargas, promover la inversión en el sector e introducir la lógica de mercado al sector ferroviario”.

Al procedimiento lo pondrá en marcha el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y se aplicará un sistema de “Open Access”, al que definió de la siguiente manera: “Tratar a una vía de tren como tratamos a una ruta vial. Alguien mantiene la ruta (a cambio de un peaje o un aporte estatal), pero la actividad en la ruta es libre”.

Federico Sturzenegger además agregó: “Al permitir la libre competencia sobre la vía, nos liberamos del Estado pero también de un contratista monopólico. Las empresas argentinas van a poder operar sus propias locomotoras (si quieren); o podrán surgir 2, 3, 10 o las que sean empresas de transportes. El concesionario va a ser responsable de mantener la vía. Una vía de carga no necesita velocidad sino ser fiable. Y, sobre todo, evitar descarrilamientos (el Belgrano cargas tiene uno por día que nos cuestan fortunas). Como el concesionario internaliza estos costos la confiabilidad de las vías aumentará rápidamente”.

Sobre el Belgrano Cargas:

La empresa cuenta con 4.442 empleados y en 2023 tuvo un déficit operativo de $ 65.057 millones.
El último dato oficial de agosto de 2024, del INDEC, Belgrano Cargas SA tenía 4.442 empleados, en su gran mayoría (91,4%) personal en convenio colectivo de trabajo. 

En noviembre de 2023, último mes completo de la gestión del Frente de Todos, la empresa contaba con 4.631 empleados. Es decir que entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 el personal de la empresa se redujo en 189 empleados.

El comunicado de la Oficina del Presidente señala que la compañía “posee una planta sobredimensionada de 4.429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones”.

En su último informe ante el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló: “En Belgrano Cargas y Logística SA no se formalizó programa de retiro voluntario. Ahora bien, entre enero y julio de 2024, se firmaron un total de 119 mutuos acuerdos. Para el cálculo del acuerdo, se consideró un sueldo por cada año de antigüedad y los preavisos correspondientes. Entre enero y julio 2024, egresaron de la empresa un total de 192 personas, de las cuales 119 suscribieron mutuo acuerdo. El monto involucrado para las 192 bajas ocurridas entre enero y julio 2024, ascendió a $ 3.360.014.069”.

Los datos de operación de Belgrano Cargas SA:

Belgrano Cargas SA opera desde 2013 las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza del transporte de cargas. El resto de las líneas son operadas por empresas privadas: Ferrosur Roca SA (FSR SA), Ferroexpreso Pampeano SAC (FEP SA) y Nueva Central Argentino (NCA SA).

En 2023, según datos oficiales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se transportaron en la Argentina 19 millones de toneladas de carga por ferrocarril. Casi un 40% corresponde a granos; un 27,4%, a minerales y materiales de construcción; y un 10% a subproductos agrarios.

La línea San Martín representa el 20% del mercado de transporte de cargas ferroviario; la línea Belgrano, el 14%; y la Urquiza, el 3%. Es decir que Belgrano Cargas SA, con la administración de 3 de las 6 líneas de transporte de carga, representa el 37% del mercado.

NCA SA, que administra la línea Mitre, concentra el 25% del mercado. Por su parte, FSR SA, con la concesión de la línea Roca, tiene el 22% del mercado; y la empresa FEP SA, que controla el corredor Rosario-Bahía Blanca, el 14%. El 2% restante corresponde al Tren Patagónico, de reciente puesta en funcionamiento.

De acuerdo con información pública de la Oficina Nacional de Presupuesto, en 2023 la empresa pública Belgrano Cargas SA tuvo un déficit operativo (cuando los ingresos por el servicio que prestan son inferiores a los gastos de operación) de $ 65.067 millones. Esto la ubica en el 6to puesto entre las empresas públicas con mayor déficit operativo del Estado nacional en 2023.

Por su parte, en el primer semestre de 2024, ya bajo la gestión de La Libertad Avanza, el déficit operativo de Belgrano Cargas SA fue de $ 25.141 millones.

Qué dice la Ley Bases sobre la empresa Belgrano Cargas

La Ley Bases aprobó un listado de empresas públicas sujetas a privatización. En rigor, son 2 listados: uno, de empresas sujetas a privatización, y otro, de empresas sujetas a privatización o concesión. Belgrano Cargas SA está en este segundo listado. Y el Gobierno anunció que concesionará las vías al sector privado.

La Ley Bases establece que el proceso de privatización de estas compañías está regulado por la Ley 23.696, que es la Ley de Reforma del Estado aprobada en 1989 durante el gobierno de Carlos Menem (PJ).

Como se explicó en esta nota, concesionar implica transmitir de forma temporal la administración de una empresa o un activo del Estado al sector privado. Para eso, es necesario que el Congreso declare esa empresa o activo como sujeto a privatización, algo que ya ocurrió mediante la Ley Bases. Aprobada la ley, el Poder Ejecutivo debe dictar un decreto de ejecución en el que se fijan modalidades y procedimientos.