La controversia estalló luego de que se difundiera una imagen de la legisladora junto a su hijo abordando un vuelo en el Aeropuerto de Salta. Lejos de negar la situación, Flores confirmó en una entrevista radial con los periodistas Paula Poma y Moisés Kos, que el joven —quien cursa Abogacía en Buenos Aires— viaja utilizando pasajes asignados por el Congreso. “En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso; esto no es un delito”, sostuvo, e incluso redobló la apuesta al afirmar: “También le he dado pasajes para otras cosas. No tengo nada que esconder”. Las declaraciones generaron fuerte repercusión política y social por el uso de recursos destinados exclusivamente a la actividad legislativa.
Desde el punto de vista legal, el accionar de la diputada queda bajo cuestionamiento. La Ley 25.188 de Ética en la Función Pública establece en su artículo 2 que los funcionarios deben abstenerse de utilizar bienes y servicios del Estado en beneficio propio o de terceros ajenos a la función. En la misma línea, normativas vigentes refuerzan la prohibición del uso de recursos públicos para fines personales. A esto se sumaron duras críticas de referentes políticos, como la concejal Malvina Gareca, quien denunció un “uso y abuso” de fondos estatales y acusó al espacio libertario de incurrir en un doble discurso respecto a la austeridad. El caso se da además en un contexto de investigaciones sobre otros funcionarios nacionales, lo que profundiza el debate sobre la transparencia y la legalidad en el manejo de recursos públicos.
