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Una diputada libertaria admitió que usó pasajes del Congreso para que su hijo vaya a la facultad
La diputada nacional por Salta de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, reconoció públicamente haber utilizado pasajes oficiales del Congreso para costear los viajes de su hijo estudiante. Aunque aseguró que “no es un delito”, sus declaraciones reavivaron el debate sobre el uso de recursos públicos y posibles violaciones a la Ley de Ética en la Función Pública, que prohíbe expresamente beneficios personales o familiares con fondos del Estado.
La controversia estalló luego de que se difundiera una imagen de la legisladora junto a su hijo abordando un vuelo en el Aeropuerto de Salta. Lejos de negar la situación, Flores confirmó en una entrevista radial con los periodistas Paula Poma y Moisés Kos, que el joven —quien cursa Abogacía en Buenos Aires— viaja utilizando pasajes asignados por el Congreso. “En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso; esto no es un delito”, sostuvo, e incluso redobló la apuesta al afirmar: “También le he dado pasajes para otras cosas. No tengo nada que esconder”. Las declaraciones generaron fuerte repercusión política y social por el uso de recursos destinados exclusivamente a la actividad legislativa.
Desde el punto de vista legal, el accionar de la diputada queda bajo cuestionamiento. La Ley 25.188 de Ética en la Función Pública establece en su artículo 2 que los funcionarios deben abstenerse de utilizar bienes y servicios del Estado en beneficio propio o de terceros ajenos a la función. En la misma línea, normativas vigentes refuerzan la prohibición del uso de recursos públicos para fines personales. A esto se sumaron duras críticas de referentes políticos, como la concejal Malvina Gareca, quien denunció un “uso y abuso” de fondos estatales y acusó al espacio libertario de incurrir en un doble discurso respecto a la austeridad. El caso se da además en un contexto de investigaciones sobre otros funcionarios nacionales, lo que profundiza el debate sobre la transparencia y la legalidad en el manejo de recursos públicos.
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