Organismos de derechos humanos provinciales repudiaron el fallo de la Corte que aplicó el 2×1 a un represor

Jorge Machicote, aseveró que con el cómputo 2×1 “hay detenidos (por crímenes de lesa humanidad en La Rioja que van a cumplir un año en la cárcel y listo”.

Integrantes del Consejo Federal de Derechos Humanos y organismos de derechos humanos de diversas provincias sumaron hoy sus repudios al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró aplicable el beneficio del cómputo del 2×1 para un condenado por delitos de lesa humanidad.

El vicepresidente del Consejo Federal de Derechos Humanos, el chaqueño Juan Carlos Goya, afirmó hoy en conferencia de prensa que secretarios de derechos humanos de las diversas provincias resolvieron rechazar la decisión de la Corte Suprema divulgada ayer.

“Estuvimos en contacto durante toda la tarde de ayer analizando este fallo que es una verdadera barbaridad y que nos indigna profundamente”, dijo a Télam Goya, quien es secretario de Derechos Humanos de Chaco, respecto del resultado de las consultas con sus pares de otras provincias .

El Consejo Federal de Derechos Humanos es un espacio institucional integrado por las máximas autoridades en la materia de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, presidido por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, cuyas declaraciones sobre el fallo de la Corte criticó Goya.

“Vamos a trazar una agenda de lucha como la hicimos durante estos 40 años por los valores de Memoria, Verdad y Justicia, ya que buscan desvirtuar los delitos de lesa humanidad”, sostuvo el funcionario y deploró además la concesión de prisiones domiciliarias como la que benefició a Gabino Manader, condenado por su participación en la Masacre de Margarita Belén, la ejecución de presos políticos de fines de 1976 en el Chaco.

Por su parte, la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ex-Presos Políticos de Santiago del Estero expresó su “más absoluto repudio al vergonzoso fallo de la Corte” y sostuvo que la aplicación del 2×1 implicaría un “profundo retroceso”.

En la misma línea de razonamiento, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén sostuvo que “el fallo de la Corte, que ordena la aplicación retroactiva de una ley ya derogada, no tiene otro propósito que consagrar la impunidad, impunidad que se suma a la larga lista de privilegios otorgados a favor de los autores de los crímenes más crueles de los que se tenga memoria en la historia argentina para evitar la cárcel común”.

Según la APDH neuquina, la sentencia objetada “constituye un peligroso antecedente para el conjunto de las jurisdicciones en las que se llevan adelante juicios por crímenes de lesa humanidad pues, de adoptar similar criterio los jueces federales de todo el país, dejarían a buena parte de los condenados en sus casas”.

En tanto, organizaciones de derechos Humanos de la región convocaron para mañana a las 10 en la Casa de Madres de Plaza de Mayo en Neuquén a una conferencia de prensa en la que fijarán una postura común frente al cuestionado fallo de la Corte.

También la bonaerense Comisión Provincial por la Memoria rechazó el fallo de en cuestión y opinó que “se trata de un retroceso muy significativo en materia de derechos humanos que no sólo desconoce la historia de lucha de todo el pueblo argentino, sino que contradice lo actuado por esa misma Corte en la temática”.

En Santa Fe, la Agrupación Hijos repudió el fallo de la Corte en una carta abierta dirigida al arzobispo José María Arancedo presentada hoy por integrantes de esa agrupación y de otros organismos de derechos humanos, sindicales y sociales en la sede del Arzobispado provincial, frente a los Tribunales.

La abogada Lucila Puyol, de Hijos Regional Santa Fe y querellante en juicios de lesa humanidad, sostuvo que la sentencia de la Corte tiene, entre sus precedentes, que “hay negacionismo del gobierno nacional a los 30.000 desaparecidos y viene unido al planteo de la Conferencia Episcopal Argentina de encuentro y conciliación”.

La carta al Arzobispado expresa que, “si bien la impunidad de los asesinos genocidas debería ser pecado, casi al mismo tiempo y en consonancia con la Corte Suprema, la Conferencia Episcopal Argentina convoca a los familiares de víctimas de la dictadura para ‘recorrer el camino del encuentro'” con sus victimarios.

“Convocamos a todos y todas a decir no a la impunidad, no al perdón ni a la reconciliación con genocidas. No al 2×1, ni a la amnistía. Sí a la justicia. Juicio y castigo a los genocidas, sus cómplices, partícipes y beneficiarios. Cárcel común, perpetua y efectiva. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”, aseguraron desde Hijos Santa Fe.

También Hijos de Bahía Blanca repudió la sentencia del 2×1 para delitos de lesa humanidad al aseverar que equivale a “una amnistía, no tan encubierta, que deja abierta la posibilidad de la libertad a los perpetradores del peor genocidio en la Argentina”.

En opinión de esta agrupación, el fallo de la Corte “intenta equiparar delitos comunes con delitos de lesa humanidad, fomentando, a través de una resolución inconstitucional, la teoría de los dos demonios impulsada por el gobierno Cambiemos”.

En el mismo sentido fijó posición la Asociación de ex presos Políticos en La Rioja y uno de sus referentes,

Jorge Machicote, aseveró que con el cómputo 2×1 “hay detenidos (por crímenes de lesa humanidad en La Rioja que van a cumplir un año en la cárcel y listo”.

Para el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Délfor Brizuela, la cuestionada sentencia del máximo tribunal “es un fallo de época, con mucho contenido político que va en línea con otras actitudes no solo de la Corte, sino también de los tribunales inferiores a partir de la asunción de (el presidente Mauricio) Macri”.

“Ha habido un negacionismo de lo que conocemos como terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad en la dictadura. Vamos a llegar a los organismos internacionales para discutir esta resolución”, declaró Brizuela.

Una declaración de la Casa de la Memoria de Catamarca argumentó a su vez que, “no conformes con acordar arrestos domiciliarios, ahora aplican un cómputo de la pena que volverá a poner en la calle los pocos represores juzgados, responsables del genocidio y la desaparición de 30 mil compatriotas y de la apropiación de 500 bebés nacidos en los campos de exterminio”.

Por su lado, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) entendió que la Corte dictó “un fallo a favor de la impunidad de los genocidas”.



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