La apuesta electoral K vuelve a ser el consumo

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Por Dante Sica – ex secretario de Industria de la Nación y director de abeceb.com. Teniendo en cuenta todas las medidas anunciadas, incluida la suba de las AUH, se necesitarán $ 6.000 millones adicionales desde el Banco Central al financiamiento de las mismas. Se pretende que se compre más.

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El pasado miércoles la Presidenta Cristina Fernández anunció, entre otras medidas con similar orientación, una suba de 35% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de junio, la cual pasará de $ 340 por beneficiario a $ 460.

Teniendo en cuenta que el aumento previo fue otorgado en setiembre de 2012, con este nuevo ajuste el mes próximo los beneficiarios gozarán de un incremento del 70% interanual en sus ingresos. De esta forma, la AUH logra avanzar muy por encima de la inflación por primera vez desde su creación, favoreciendo a los hogares más vulnerables, que son los más afectados por la suba de los precios. En números, se trata de aproximadamente 1,9 millón de hogares con más de 3,5 millones de niños, un universo por demás significativo.

Los recientes anuncios, y en particular el incremento de la AUH, estarían motivados por la necesidad del oficialismo de lograr cierto impulso sobre el consumo privado de cara a las elecciones legislativas de octubre, luego de un comienzo de año un tanto flojo.

Este pobre arranque del consumo se vio reflejado en el comportamiento de las ventas en supermercados que, en términos reales, acumularon en el primer trimestre un alza de 3,6% interanual, por debajo de la suba de 5,3% de 2012. O las efectuadas en shoppings, que continuaron retrocediendo a un ritmo de 1% en el primer cuarto de 2013 en la comparación respecto del mismo período del año pasado, frente a la caída de 0,9% en 2012. La excepción en este contexto ha sido el consumo de bienes durables como automóviles y electrodomésticos, los cuales lograron evitar esta tendencia general negativa gracias a la ausencia de alternativas de ahorro en un contexto de tasas de interés reales fuertemente negativas.

En el caso de Mendoza, el consumo no ha logrado escapar a la tendencia general. De hecho, en el primer bimestre de 2013 las ventas en supermercados marcaron un retroceso interanual de 1,2%, idéntico al registrado en el agregado del país. Mientras tanto, los patentamientos de automóviles (en unidades cada 1.000 habitantes) sufrieron en los primeros cuatro meses de 2013 una baja interanual de 1,4%, que se compara con una caída promedio en el país de 3,9%.

Hay que tener en cuenta que detrás del pobre arranque de año del gasto de los hogares, aparece principalmente la política económica. Es que la pretensión oficial de contener las subas salariales a un 20% ha generado una importante demora en las negociaciones salariales, hecho que condujo a un escenario donde conviven precios de 2013 con salarios de 2012. A esto se suma la disparada de la incertidumbre producto del cepo cambiario.

Ahora bien, ¿cuál sería el impacto de la suba sobre la actividad económica local? El incremento representa una inyección de $ 420 millones mensuales, lo que se traduce en $ 2.900 millones adicionales para lo que resta de 2013. Si bien no se puede negar la relevancia de estos montos para los receptores de los beneficios, el impacto a nivel agregado no pareciera ser muy sustancial. Es que aún considerando que el 100% de estos fondos se destinaría al consumo (dado que las clases sociales más bajas suelen asignar todo su ingreso a este fin), la suma no es muy relevante en relación a la masa salarial, dado que representa apenas 1% de los $ 40.000 millones que reciben mensualmente los trabajadores registrados.

Además, aparece otro punto clave. Teniendo en cuenta que el ritmo de recaudación no será superior al presupuestado, la suba deberá ser financiada con mayor emisión monetaria. De acuerdo a nuestras proyecciones, teniendo en cuenta todas las medidas anunciadas, se necesitarán $ 6.000 millones adicionales desde el Banco Central al financiamiento que estimábamos antes del anuncio.

Además, en una economía que no tiene capacidad de aumentar demasiado la oferta, y en la que las importaciones seguramente volverán a estar fuertemente restringidas (dadas las mayores necesidades que impone la cuestión energética), no parece necesariamente cierto que más pesos en el bolsillo del consumidor se traduzcan en mayor actividad económica y no en precios más altos.

En resumen, si bien la decisión tiene una clara justificación política, el impacto en términos de actividad no pareciera de magnitud. De todos modos, para lo que resta del año es esperable que se sucedan nuevos anuncios a medida que se vayan aproximando las elecciones. En este escenario, el consumo privado podría crecer algunos puntos por encima de 2012, aunque se estará lejos de las tasas logradas apenas unos años atrás.